Javiera Fernández Académica de la carrera de Derecho, UDLA Sede Viña del Mar
En las últimas semanas se han conocido historias lamentables de adultos mayores; el caso del señor que lleva 20 años jubilado, pero que a diario debe viajar más de 100 kilómetros para ir a trabajar porque su pensión es insuficiente; y la situación de la señora de 100 años a la que se le negó el ingreso a un supermercado por no contar con su permiso de desplazamiento.
Sabemos que la pandemia ha afectado a cada uno de los hogares chilenos, que existen serios problemas económicos y sociales en muchas familias, sin embargo, hemos olvidado a las personas mayores. Si bien ha habido medidas del Gobierno que privilegian y resguardan especialmente la salud de este grupo etario, cabe preguntarse ¿son suficientes?, ¿se entrega una apropiada cobertura a sus necesidades? ¿Es responsabilidad absoluta del Estado velar por su protección?
Desde el 2017 Chile incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, contrayendo una serie de obligaciones en la materia como fortalecer y propender a la igualdad, protección, inclusión y libertad de las personas mayores en la sociedad, pero no es menos cierto que los primeros llamados al acompañamiento de este grupo somos nosotros, el núcleo familiar. Esto se hace evidente especialmente en estos tiempos complejos, en que el confinamiento lleva a la gente mayor a una soledad mucho más profunda, donde la tecnología, que libera y comunica a gran parte de la sociedad, a ellos los limita.
