Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch en su exposición en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco del proyecto de ley que regula las entrevista grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo para niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos sexuales, dio cuenta del avance que ha significado habilitar salas de declaración de menores en 43 de los 45 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal desde el 2012.
Esto, aún sin contar con una legislación como la que está en estudio. El tema no es menor, porque muchas veces cuando nos hemos enfrentado a los problemas del Sistema de Protección de Sename, la respuesta del Ejecutivo ha sido avanzar en torno a estrategias legislativas, que por cierto son muy necesarias, pero que carecen del sentido de urgencia requerido ante la vulnerabilidad extrema de niños en residencias.
El Ejemplo planteado por el Presidente de la Corte releva la instancia administrativa dentro del marco normativo para impulsar cambios que no pueden esperar una discusión parlamentaria. Medidas como un estatuto para los niños en el sistema de protección que resguarde derechos básicos como el de identidad, el de vinculación familiar y otros, son de resorte del ejecutivo y de acción inmediata, como lo ha sido en el marco de los niños en internación bajo la ley penal adolescente. Asimismo las reasignaciones necesarias a nivel de presupuesto no requieren de leyes especiales, sino de priorización de acuerdo a la voluntad política de la autoridad como también la acción articulada entre distintos servicios con mecanismos que ya están establecidos para ello.
Ya el presidente Dolmestch hace algunos días puso de manifiesto en su cuenta pública la preocupación del Poder Judicial frente a la situación del Sistema de protección de Niños Niñas y Adolescentes. Destacó las acciones destinadas a implementar mejoras en el seguimiento y control de las medidas de protección y visitas a los centros residenciales por los Tribunales de Familia en coordinación con el SENAME y el Ministerio de Justicia, el Informe Nacional de Visitas a Hogares y Residencias Red SENAME y las mejoras en el sistema informático de tramitación de causas y la consolidación del trabajo de los centros de observación y control de cumplimiento de medidas de protección existentes en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.
Estas medidas junto a otras mencionadas y conocidas como la implementación de los tribunales de tratamiento de drogas abren un espacio de gestión que es importante destacar, ya que el trabajo de estas instancias permite monitorear la grave situación de riesgo que enfrentan miles de niños en el Sistema de Protección y permite tomar medidas concretas a la autoridad con una mayor diligencia. Por cierto existen desafíos en avanzar en mejorar la calidad de la información disponible y en la especialización y formación de jueces y especialistas, como también en mejorar los instrumentos de diagnósticos con que se determinan las medidas de protección, pero es importante comprender que el camino es continuar haciendo de la gestión una herramienta clave para construir un verdadero sistema de protección para nuestros niños.
