Por: Rafael Pastor, director de Escuela
de Derecho y Trabajo Social, U. Central
El Presidente Piñera luego de una negociación con la Democracia Cristiana y el Partido Radical, logró obtener la aprobación de legislar respecto a la reforma a nuestro sistema de pensiones. Para ello tuvo que aceptar la condición que el 4% adicional será aportado por los empleadores en una cuenta de ahorro individual de los trabajadores y administrado por un Consejo estatal, pero no por los AFPs.
Ahora bien, en la cuenta pública el Presidente reiteró la importancia que tiene promover la elección por parte de los usuarios del sistema, atendido a que la libertad individual es un valor que la centro derecha siempre ha defendido. En este sentido restringir la libertad de elegir de los trabajadores fue un precio bastante caro que pagó el gobierno para acceder a sencillamente la idea de legislar este proyecto de ley (PL).
Sin embargo, esta restricción puede ser superada por el gobierno recurriendo a los descubrimientos de la economía conductual. En efecto, el gobierno debiese diseñar un sistema de inscripción optativa (opt-in) en el PL para entrar al sistema de administración estatal del 4% . Esto llevaría a que la mayoría de los trabajadores, debido al nuevo diseño del contexto de toma de decisión (efecto del encuadre), no se inscriban en el sistema. Es decir, si el trabajador quiere que su 4% sea administrado por el Consejo estatal, éste debe optar positivamente por esa opción, y en su defecto dicho porcentaje quedaría automáticamente en manos de una entidad privada ajena a las AFPs. Con esta opción el legislador estaría evitando un mecanismo de default (opt-out), y por tanto dejando de empujar a los trabajadores a ser parte del Consejo estatal, mediante el aprovechamiento de sus sesgos cognitivos, como también anticipando su conducta.
El premio Nobel de Economía, Richard H. Thaler y el Profesor de Harvard, Cass R. Sunstein recomiendan reglas de default (opt-out) en su famoso libro: ‘Nudge Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness’. Con esto se busca evitar conductas predeciblemente irracionales o mala conducta (misbehavior). La opción que ahora planteo es justamente contraria a la recomendada por esos autores pero orientada al mismo fin, es decir imponer una carga al trabajador insatisfecho que desea desafiliarse del sistema privado distinto a las AFPs, para acceder al ente estatal, sin afectar en definitiva su derecho a elegir.
