Detenidos dos hombres que dijeron habían sido contratados para llevar la maquinaria y un camión al norte del país.
SAN ESTEBAN.– Una retroexcavadora marca JCB con un valor superior a los $20.000.000 y que había sido robada durante un asalto a mano armada cometido la tarde del viernes en Santiago, fue encontrada y recuperada por funcionarios de Carabineros de la Tenencia de esta comuna.
En el procedimiento policial fueron arrestados dos sujetos, N.U.Q., de 49 años, y G.G.S., de 34, con domicilios en la comuna de San Miguel, Santiago, y la ciudad de Curicó, respectivamente, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.
Los antecedentes policiales dan cuenta que luego del violento delito sufrido, el propietario de la maquinaria realizó la denuncia ante la policía uniformada en la Capital, informando que podía ser localizada por cuanto estaba implementada con sistema GPS.
Fue así que con el paso de las horas y la activación de la señal se pudo establecer que la retroexcavadora había sido trasladada hasta la provincia de Los Andes y que puntualmente estaba en un determinado lugar de San Esteban.
Carabineros fue informado de la localización y el sábado, alrededor de las 13:00 horas, llegaron hasta un predio en cuyo interior fue hallada la maquinaria que estaba sobre el acoplado de un camión, donde también se encontraba otro vehículo de carga, estableciéndose con la denuncia que correspondía a la que fue robada en el asalto.
El personal que adoptaba el procedimiento policial entrevistó al dueño y al conductor del camión en el que estaban ambos móviles, quienes manifestaron que desconocían su origen por cuanto solo habían sido contratados por una persona para realizar el traslado hasta la ciudad de Arica.
No obstante y por instrucción del fiscal Ricardo Reinoso a los dos sujetos se les detuvo y a quienes la mañana del domingo los formalizó por el delito de receptación de vehículos motorizados.
En contra de los imputados solicitó las medidas cautelares de firma mensual ante Carabineros de sus correspondientes domicilios y arraigo nacional, lo que decretó la magistrado Valeria Crosa fijando un plazo de investigación de 4 meses.
