Por: Eduardo Muñoz Inchausti, administrador público, académico Universidad de Valparaíso
Desde el 18 de octubre, hace ya largas 4 semanas, hemos vivido como país una crisis social y política que nadie puede dudar en calificar como “histórica”, en el sentido de que va a quedar grabada en la memoria colectiva de esta generación y de las que vienen.
Creo que esa mirada, la de imaginar cómo será recordada esta crisis, es un buen ejercicio para evaluar las posiciones – individuales y colectivas – con las que nos aproximamos a las experiencias que estamos viviendo hoy. Imaginar, seriamente, el país de nuestros hijos e hijas y los que vengan después, debiera -necesariamente- acercar nuestras prioridades hacia el respeto, la colaboración y la solidaridad.
En este ejercicio podemos ser optimistas. No suscribo que la violencia sea aquello que quedará en la memoria y que trascenderá al futuro institucional de nuestro país. Evidentemente tenemos un desafío hoy con el fortalecimiento de la cultura democrática, con la aceptación del conflicto y la eliminación del vandalismo como lenguaje. También es ineludible el debate acerca del respeto a los derechos humanos en eventos de protesta social. Nadie puede, sea cual sea el motivo, avalar violaciones a los Derechos Humanos. Es un mínimo civilizatorio.
Sin perjuicio de aquello, lo que hemos vivido en estos 30 días es, sin duda alguna, la oportunidad más grande que hemos tenido, al menos en este siglo, de construir un sistema social y político que nos represente a todos, los y las, ciudadanos. Ese, me permito creer, será la herencia histórica de este proceso para el futuro de Chile.
Somos una proporción significativa -52 % según CADEM- los que creemos en la asamblea constituyente para dar este paso de salida. No hacerse cargo de esta legítima demanda, sería un completo despropósito, no solo político, también social, pues no se puede construir un Chile justo y bueno desoyendo a la mitad de sus ciudadanos y ciudadanas.
Es un deber ético y político ocupar cualquier tribuna para demandar a las instituciones sociales y políticas un nuevo sistema democrático legitimado, que se haga cargo de años de crisis institucionales sucesivas en todas las esferas, sean públicas o privadas, y que hoy, en el momento que se requiere mayor diálogo y confianza ciudadana, se ven incapaces de contribuir con ninguna de ambas.
Soy de la opinión de que esta crisis tiene una salida de emergencia, y está señalada por la democracia. Se necesita un plebiscito de entrada, que legitime un itinerario constituyente y que sea el pueblo soberano el que mandate un camino. Es la única vía de terminar la violencia y recuperar la paz sin que nadie caiga en la tentación de recurrir a la barbarie. Eso no lo perdonaría ni la memoria, ni la historia, ni el futuro.
