Por. David Martínez, académico Trabajo Social U. San Sebastián
La controversia generada por la construcción de viviendas sociales en la comuna de Las Condes, pone en el centro del debate una serie de elementos que problematizan las políticas públicas de vivienda y ciudad y las dinámicas de segregación que en buena medida dicha política ha producido en nuestro país en las últimas décadas.
En la actualidad, el consenso es que una política de vivienda que produce ciudades segregadas tiene consecuencias negativas no sólo para las personas más vulnerables, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. En efecto, altas tasas de criminalidad y narcotráfico, la formación de guetos de pobreza y el deterioro y pérdida de espacios públicos son en buena medida problemas sociales que se asocian con políticas públicas que envían a la periferia a las personas más vulnerables de la sociedad.
En relación a esto, se han diseñado políticas y programas que buscan revertir estas dinámicas. En este contexto, destaca el subsidio de integración social DS 19 que busca generar barrios bien conectados y donde convivan familias con diversos niveles de ingresos. Este tipo de políticas busca que personas que comúnmente eran enviadas a las periferias puedan vivir en barrios que están vinculados a los beneficios de las ciudades. Esto evidentemente amplía sus oportunidades tanto educativas como laborales y el acceso a otros servicios sociales como la salud.
La propuesta del Alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, va exactamente en esta línea y debería ser vista con buenos ojos por la ciudadanía en general. Las acciones de algunos vecinos que se oponen a la construcción de estas viviendas sociales parecen no tener como horizonte avanzar hacia ciudades más inclusivas donde se combate en conjunto la segregación y sus efectos negativos. Se basan en prejuicios y en un imaginario donde la pobreza se asocia necesariamente a problemas sociales como la delincuencia y el narcotráfico.
Además, estos vecinos suponen que la plusvalía económica de sus propiedades se verá mermada por la presencia de viviendas sociales en estos barrios.
Frente a los prejuicios, la evidencia demuestra que si existen barrios bien conectados y con un acceso adecuado a programas y servicios sociales, la pobreza tiende a disminuir y no implica necesariamente que en estos lugares se desarrollen conductas disruptivas. En relación al tema de la pérdida de plusvalía, no existe ninguna justificación empírica que avale esa relación. De esta forma, sería esperable que los vecinos dejaran de lado sus temores infundados y sintonizaran con los valores de una sociedad que busca generar oportunidades para todos y avanzar en términos de cohesión social.
