Por: Leonardo Olmos Castro, coordinador regional de Seguridad Pública Subsecretaría de Prevención del Delito
Cuando hablamos de seguridad pública debemos expandir nuestro análisis a varios ejes en los cuales la seguridad se torna prioritaria para poder desarrollar nuestra vida en condiciones favorables.
Una de ellas tiene relación con el derecho a la seguridad en los establecimientos educacionales, los cuales se verán ampliamente favorecidos con la aprobación del Proyecto de Ley “Aula Segura” que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está impulsando y que ha ingresado al Congreso.
A partir de hechos violentos por todos conocidos y que generan inseguridad y preocupación en la comunidad escolar, el proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
El proyecto de Ley “Aula Segura” establece que se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula ante situaciones como uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos), y artefactos incendiarios, explosivos y de características similares como por ejemplo, bombas Molotov; y también consigna como medida de expulsión las agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la medida por parte del director.
El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento educacional de manera inmediata y el Ministerio de Educación deberá reubicar al estudiante y adoptar medidas de apoyo psicosocial.
Nuestro ordenamiento jurídico hoy no cuenta con las herramientas adecuadas para poner atajo a los hechos de violencia que se han producido últimamente. Por ello es que tal como lo señaló el Presidente Piñera, este proyecto de ley no sólo es una herramienta jurídica indispensable para proteger con mayor eficacia la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, sino una herramienta útil para proteger el derecho a la educación de los estudiantes, la calidad de la educación que reciben y el prestigio de los establecimientos educacionales, porque cuando imaginamos una sociedad de seguridades, la educación es actor principal y el derecho a recibirla en espacios seguros y protegidos, es una tarea que nos convoca desde todos los ámbitos, para educar a personas de bien, que respetan y quieren a nuestro país.
