Señor director:
Desde hace un tiempo a esta parte, la discusión en torno a la creación de la región de Aconcagua ha tomado fuerza, bajo el argumento de que existe un exacerbado centralismo en la actual región de Valparaíso, en detrimento de las localidades del interior.
Puede parecer extraño, especialmente para las generaciones más jóvenes, que Aconcagua pretenda ocupar un sitial más elevado al que tiene actualmente. Sin embargo, la demanda se funda en una historia e identidad común. Aconcagua, desde los albores de la república, fue reconocida como provincia: entre 1826 y 1974 tuvo intendencia, su administración fue subdividida en departamentos (símiles a las actuales provincias) y, exceptuando algunas ocasiones, el territorio fue gobernado por sus propios vecinos, destacándose entre sus intendentes el militar y diputado Martín Prats y, más recientemente, el ex-senador Nelson Ávila.
Esta “independencia”, que redundó en el fortalecimiento de la identidad aconcagüina, se vio truncada en 1974, cuando las provincias de Aconcagua y Valparaíso fueron fusionadas para conformar la nueva V Región, después llamada región de Valparaíso. El proceso de regionalización que diseñó la CONARA bajo el Gobierno militar se habría basado en una cuestión de “seguridad nacional”, reduciendo las 25 provincias que existían hasta entonces a solo trece, denominándose ahora “regiones”. Es preciso señalar que esta nueva división se hizo sin participación de las comunidades ni tomando en cuenta la identidad o costumbres locales. Demás está decir que la regionalización, lejos de promover una descentralización efectiva del Estado, ha profundizado las desigualdades en el progreso local.
Por lo anteriormente señalado es que me parece comprensible que, no solo Aconcagua, sino que también otros territorios que en tiempos pasados gozaron de autonomía, como Colchagua, Malleco y Osorno (por nombrar algunos), tengan el firme deseo de volver a ser regiones. Es preciso potenciar los territorios de nuestro país, fortalecer las comunidades postergadas, aunque ello implique necesariamente un gasto al Estado, que hubiera sido innecesario de no haber actuado, hace 44 años, con tan poca prolijidad.
Diego Grez Cañete
