Por: Luis F. González Reyes, presidente Centro de Estudios para Asuntos Docentes CEPAD
Determinarse –por parte del Gobierno- que uno de los centros de formación técnica estatal, será instalado en el puerto de San Antonio y no en Los Andes, ha desatado una oleada de quejas, reclamos y acusaciones del más variado tenor. Así, por ejemplo, los dos Consejeros Regionales más representativos de nuestra provincia, Señora Sandra Miranda y Señor Guillermo Hurtado han deslindado, no solamente responsabilidades en ese hecho, sino que han declarado no tener conocimiento ni haber sido informados de la decisión de no erigir el CFT en Los Andes. Aún más, la primera de los nombrados culpa a la Universidad de Playa Ancha, siendo difícil comprender que dicha entidad, por sí sola y por sí misma pueda haber determinado la decisión de no instalar el aludido centro de educación en nuestra ciudad.
A lo anterior se suman la autoridad comunal, la ex Gobernadora Señora Edith Quiroz, quien ha recordado que el aludido proyecto se inició en el año 2010, durante su administración y mediante la creación de una mesa de trabajo plural y variado en cuanto a sus actores. La actual Gobernadora expresa por su parte que el tema es de competencia y vocería del SEREMI de Educación, el cual a su vez, llama a tener fe en una vaga solución futura y que naturalmente –pensamos- se podrá concretar ¡en la medida de lo posible!
Llama también la atención la ausencia de opiniones de algunos que, en su momento, hasta se fotografiaron y filmaron en los terrenos en donde se construiría el CFT e hicieron incluso rimbombantes declaraciones acerca de ello, adjudicándose casi su paternidad. ¿Dónde están los que señalaban que esto aseguraba educación superior, estatal y gratuita en nuestra ciudad? ¿Dónde están los que son expertos ecologistas en casos de desastres, deportistas de excepción en caso de algún triunfo, eminencias médicas y químico-farmacéuticas en caso de que se hable de farmacias y personajes habituales de cuanta ceremonia o acto público se realice en la ciudad?, como si tuviesen el don de la omnipresencia para estar en todas partes y en todos los horarios. Como es ya habitual, las victorias tienen numerosos padres y los fracasos son huérfanos. El silencio suena así a complicidad, y mantenerlo pareciera que pretendiera bajarle el perfil, dar vuelta la hoja y tender un manto de olvido sobre el asunto. Total -parecen pensar estas singulares personalidades- la gente tiene mala memoria o creen poder manipular la realidad como el INSOG de la novela “1984” de Orwell.
Como se puede apreciar, el tema se ha convertido en una verdadera Torre de Babel, no haciéndose cargo nadie -en suma- del desaguisado. No se requieren culpables, pero sí soluciones, y para ello es obvio enmendar los errores cometidos; previamente a ello, es necesario que la ciudadanía y los habitantes de Los Andes puedan saber: ¿quién o quiénes determinaron que Los Andes no pudiese contar con el CFT estatal? ¿La solución de asignarlo a San Antonio fue de carácter “político” y producto de un acuerdo y compromiso de esa naturaleza? ¿Obedeció la eliminación del CFT andino a una situación de carácter técnico, como así por ejemplo pudiese haber sido, un negativo análisis de la demanda para las eventuales carreras que pudieren haber sido impartidas? ¿Por qué hasta el momento o hasta donde obra conocimiento, ninguna instancia ciudadana fue consultada?
El hecho es que producido el desaguisado y parodiando al escritor Francisco de Quevedo, el CFT ha sido “poco antes algo y poco después humo”, y en los términos más elementales en vez de solucionarse un problema, este tiende a devenir en conflicto.
Pareciera ser oportuno –y no con el objeto de sentar cátedra, pero sí poder determinar algunas lecciones- cualquier tipo de acción en la políticas públicas no pueden ni deben ser secretas, alejadas de los órganos ciudadanos y sin consulta de la misma, para ello se ha diseñado una agenda de transparencia y probidad, cuyo alcances legislativos hasta el momento han sido más bien escasos.
Vivianne Blanlot –quien fuese Ministra de Defensa del primer gobierno de Michelle Bachelet- y quien en la actualidad es la Presidenta del Consejo de Transparencia ha expresado “el Proyecto de Ley que establece un reconocimiento constitucional al acceso a la información, no se puso en las prioridades, está hace más de un año en Comisión Mixta”, dicho lo anterior, de más está en abundar que en un momento en que se encuentra severamente cuestionada la transparencia de todos los órganos del Estado, qué transparencia pudiera haber existido hacia la ciudadanía en relación al tema del CFT, en el sentido más elemental de compartir los procesos que llevaron a la decisión ya señalada.
Es paradójico que las autoridades locales y algunas regionales no lo supiesen y la ciudadanía, como ya se ha dicho, tampoco; en vez de redemocratizar los procesos, circunstancias como la comentada profundizan la desconfianza hacia los actores políticos, haciendo difícil para los ciudadanos poder confiar; sucede como dice Maquiavelo en El Príncipe: “hace dificultoso mantener firmes a los que habían creído, pero tampoco hace creer a los que ya no creen”.
