María Violeta Silva, Seremi del Trabajo
y Previsión Social Región de Valparaíso
Dos meses antes del primer caso de COVID-19 en nuestro país, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya estaba trabajando para poder prepararnos de la mejor manera ante la llegada de esta pandemia, cuyos efectos, van mucho más allá del ámbito sanitario, generando consecuencias a nivel económico, social y laboral, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, ha sido enfática en señalar que dichos efectos son innegables, y se suman a las consecuencias de los hechos de violencia ocurridos desde octubre pasado, y no descarta que la desocupación en el país llegue a cifras cercanas al 18%, en el caso que las iniciativas planificadas desde el mundo público y privado, no se lleven delante de manera idónea y oportuna.
También ha dicho que como Gobierno, estamos buscando entregarle a los trabajadores y trabajadoras la mayor y mejor protección posible de sus empleos. El ejemplo más inmediato de lo anterior es la reciente aprobación de la ley que permitirá implementar el Ingreso Familiar de Emergencia, asegurando la calidad de vida en hogares con ingresos informales o semiformales, aquellos con al menos un adulto mayor de 70 años beneficiario de una Pensión Básica Solidaria, y que, en suma, pertenecen a los segmentos más vulnerables de nuestro país.
Esta iniciativa es sólo parte de un extenso Plan Económico, cuyos ejes están en la protección del empleo, asegurar liquidez a las empresas –en especial a las pymes- y la mantención de los ingresos a los trabajadores. Este conjunto de iniciativas tiene dos etapas, y sólo en la primera fase, se consideró una inversión cercana a los US$ 11.750 millones, incluyéndose la Ley de Protección al Empleo, que le ha permitido a miles de empleadores de la Región y el país, no verse obligados a desvincular a sus trabajadores; y a estos últimos, a mantener sus ingresos gracias al Fondo Solidario de Cesantía, normativa que podría llegar a proteger a cerca de 4,5 millones de personas en todo Chile. Además, estas iniciativas tienen un sello de protección a las pymes – la gran fuente de empleos de nuestro país – con medidas como la aceleración del pago a proveedores del Estado por cerca de US$ 1.000 millones; la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a la renta por 3 meses; la postergación, hasta julio, del pago del impuesto de primera categoría, y del pago del IVA por el mismo período de tiempo, para aquellas empresas con ventas anuales inferiores a las 350 mil UF, entre otros.
Este extenso plan llevado adelante por los Ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Desarrollo Social, sin duda podrá acercar nuevamente a nuestro país y su realidad laboral, a aquellas cifras que se habían alcanzado hasta mediados de 2019, con las menores tasas de desocupación regional de los últimos dos años. Sin embargo, y pese a este enorme aporte y avance, su concreción sólo se podrá lograr con trabajo coordinado, voluntad de los distintos sectores políticos y generosidad por parte de empleadores y trabajadores, porque al igual que para vencer a la pandemia, la protección del empleo es, tarea de todos.
