Por: Directiva Asemuch Los Andes.
Luego de semanas de discusión, movilizaciones sectoriales y de una mesa del sector público dividida, los dirigentes nacionales finalizaron la negociación con el Ministerio de Hacienda, acordando un reajuste salarial del 2,5% y un bono de término de conflicto de $170.000, con línea de corte de $660.000 líquidos, quedando en $85.000 para las remuneraciones por sobres esta cifra y hasta los $2.000.000.
13 gremios aprobaron la propuesta de reajuste, a excepción de la CONFUSAM y el Colegio de Profesores.
Cabe recordar que la demanda inicial de los trabajadores públicos era un 6%, cifra que rápida y progresivamente fue disminuyendo, frente a un Gobierno sordo e intransigente en pos de su objetivo. De esta forma, la cifra final de reajuste del 2,5% termina siendo servil a los intereses del ejecutivo.
El resultado de la negociación no es más que la expresión de la política de los dirigentes del sector público afines a la Nueva Mayoría, donde prevaleció una línea de subordinación a los intereses, ritmos y necesidades del gobierno ad portas de la segunda vuelta presidencial.
Se prefirieron los diálogos cerrados con el Ministerio, en lugar de impulsar una masiva movilización de los trabajadores, que con su ímpetu y fuerza han logrado en diversas ocasiones doblarle la mano al gobierno aburguesado de la presidenta Bachelet. No olvidemos la potente movilización del año 2008, donde se logró un reajuste del 10%.
Hoy las cosas son distintas y los dirigentes del sector público buscaron, en época electoral, evitarle una crisis política al Gobierno del cual forman parte. Ejemplo vivo de esto es la CUT, que más allá de ser un ente representativo de los trabajadores se ha transformado en un brazo político de La Moneda.
Frente al acuerdo, “Carlos Insunza (dirigente de la ANEF y militante del Partido Comunista) señala: «Nos parece que este acuerdo tiene un valor para los trabajadores del Sector Público de carácter sindical, de carácter económico y de carácter laboral”.
Con estas palabras intenta maquillar un acuerdo que no favorece a los trabajadores públicos, teniendo en cuenta que para fin de año se proyectó un IPC del 2,4% y que para mediados del 2018 llegaría al 3%, es decir, el reajuste real seria de un 0,1% para este año.
Mientras, los dos gremios que rechazaron el acuerdo, plantean que es un ajuste insuficiente.
Desde una visión crítica, rechazamos el acuerdo tomado por los dirigentes nacionales y cuestionamos sus métodos antidemocráticos: Los trabajadores deben saber que los dirigentes del sector público cerraron la negociación tal como quería el Gobierno, acordando una migaja de 2,5% de reajuste, con las viejas artimañas de aprovechar vacaciones o días libres para silenciarnos.
Al resto de los dirigentes, militantes de partidos de la Nueva Mayoría, lo único que les interesaba era no hacerle olitas a su gobierno. Por todo esto, ni Bachelet ni Guillier pueden ser la opción de los trabajadores. Esta es la manera como el gobierno trata a sus propios trabajadores. La clase trabajadora no pude confiar después de semejante traición.
Hay un firme convencimiento en el mundo sindical no político, que ya es hora que los trabajadores recuperemos todos nuestros gremios y sindicatos de las manos de estos BURÓCRATAS (Dirigentes Sindicales Políticos), que usan nuestras organizaciones publicas, que son de los trabajadores, para sus propios fines e intereses y no para los nuestros y los de nuestras familias.
