Por: Felipe González López, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública Universidad Central
Es paradójico que la disputa entre los taxistas y Uber se ha entendido como una discusión entre principios distributivos distintos (gremios v/s consumidores, corporativismo v/s mercado), cuando lo cierto es que ambos bandos de la discusión han invocado valores de mercado como bandera de lucha.
Mientras Uber y sus promotores defienden la idea de que la mayor competencia conduce a una mejora del servicio y a la reducción de los precios, los taxistas y sus gremios reclaman que la falta de regulación produce una situación de competencia desleal que erosiona el funcionamiento del mercado.
Esto muestra que –aún si el uso de estas categorías es solo una estrategia para convencer a un público al cual la idea de regulación le genera rechazo (ciertamente representados por los usuarios de Uber) –, lo cierto es que la disputa no se puede resolver atendiendo a principios generales y abstractos como la “competencia” o la “soberanía del consumidor”.
Y la razón es que el impacto y evolución de estos cambios es contingente a los conflictos, legislación y potenciales riesgos que son propios de las realidades locales de cada país.
Problemas como seguridad, estandarización de las tarifas, tamaño del parque automotriz, diseño urbano, rechazo al transporte público por parte de la ciudadanía, estructura de la propiedad de los taxis, daño medioambiental, condiciones laborales de los conductores o desprotección de los consumidores –por mencionar unos pocos–, se observan de manera distinta en los países y ciudades donde se ha introducido el servicio.
Hay países donde las situaciones de delincuencia y abuso sexual asociados a estos medios de transporte menos regulados aumentaron, así como casos en los que se ha mostrado un uso eficiente de los recursos y disminución de la polución: ambos temas con potenciales riesgos o ventajas para ciudades como Santiago.
Por eso, entendiendo que el conflicto es tanto político como técnico, es importante sentar un precedente respecto del nivel y el tono de la discusión pública, ya que en el futuro cabe esperar que nos veamos enfrentados a situaciones similares que involucran tanto la entrada de nuevas empresas y modelos de negocios innovadores y más eficientes, así como la reacción de los profesionales, trabajadores y gremios que protegen legítimamente sus intereses y fuentes de trabajo.
La política pública debe hacerse cargo de los dos aspectos de la “creación destructiva” de los mercados, equilibrando la innovación y eficiencia con las consecuencias distributivas perversas.
